Estamos a punto de iniciar una nueva campaña de la renta, este año
marcada por un tunel económico del que pocos parecen ya librarse. En
situación generalizada de recortes y escaseces cualquier gasto se
contempla con lupa, y es fácil dar argumentos para considerarlo
prescindible.
Como
era previsible, ese caldo de cultivo ha vuelto a traer a primer plano
el debate sobre la financiación de la Iglesia católica. Con ocasión y
sin ella, pero esta vez realmente con ocasión, muchos consideran que se
encuentra en situación de privilegio, y que no parece razonable mantener
subvenciones a un ente religioso, cuando otras cosas que parecen más
esenciales se están eliminando. Los más radicales consideran que un
estado laico no debería en modo alguno subvencionar a ninguna entidad
religiosa, pues eso vulnera el principio de neutralidad consagrado en la
constitución.
Vayamos por partes. En primer lugar, no es cierto
que la constitución española sea laica. Una vez más, hay que afirmar que
vivimos en un estado no confesional, que es muy distinto de un estado
laico y poco tiene que ver con un estado laicista u oficialmente ateo.
Que yo sepa, muy pocos paises en el mundo son oficialmente ateos, tal
vez China, Cuba y Corea del Norte, ejemplos que me imagino ni los más
entusiastas del laicismo consideraran modelos de libertades públicas.
Nuestro país es constitucionalmente no confesional; esto es, no
considera ninguna religión como oficial del estado (como ocurre en
países tan civilizados como Reino Unido, Dinamarca o Noruega, por
ejemplo), pero eso no significa que no valore la importancia de la
religión en la sociedad, y especificamente del catolicismo, con el que
la misma constitución, asegura relaciones especiales (art. 16). En este
marco, volvamos al debate sobre las subvenciones a la Iglesia católica.
Por un lado, cabe decir que el estado español como tal no subvenciona
directamente a la Iglesia, sino a través de lo que los ciudadanos
quieran asignarle, con la famosa X en su declaración de la renta. Sería
estupendo que me permitieran decidir si doy o no un porcentaje de mis
impuestos a otras muchas cosas que el gobierno de turno decide por mi,
desde el deporte hasta el cine, el ejército, los medios de comunicación o
los partidos políticos. En suma, a la Iglesia va sólo el dinero que los
españoles, católicos o no, deciden explícitamente.
Tercera idea.
Hay muchas instituciones relacionadas con la Iglesia a las que sí se
subvenciona directamente (colegios, hospitales, ONGs...), pero sólo en
la medida en que cumplen la función social para la que reciben esa
ayuda, en igualdad de condiciones con cualquier otra institución,
independientemente de su titularidad. Si la Iglesia estimula la atención
de enfermos, inmigrantes, víctimas de violencia de género, si crea y
atiende comedores sociales, centros para la reinserción de exdrogadictos
o la búsqueda de empleo, colegios de todo tipo, es algo que deberían
valorar positivamente cualquier ciudadano que esté de acuerdo con esas
labores sociales. A mi me da igual que a un drogadicto lo atienda
cáritas o una institución musulmana u otra fundada por un ideario
socialista: lo importante es que ayuden a esa persona a salir del abismo
en que se encuentra.
Hay muchos datos contrastados que muestran
la impresionante labor social que realiza la Iglesia católica en nuestro
pais. Tantos que seguir atacando a la Iglesia en este terreno es sólo
propio de personas ignorantes o muy sectarias. Solo en educación, los
colegios concertados de la Iglesia católica atienden a 1,3 millones de
alumnos y ahorran a
las administraciones públicas más de 3.500 millones de euros. Cáritas ha
atendido en 2010 a 950.000 personas, la tercera parte de las cuales lo
hacía por primera vez. Lo importante no es la inversión económica, sino
los miles de voluntarios que intentan mantener la esperanza a cientos de
miles de familias que tienen ya poco que perder. Baste un dato para
indicar cómo trabajan los voluntarios católicos: el tiempo para
concertar una entrevista inicial en los servicios sociales públicos,
como media, es de un mes, frente a los cuatro días de los servicios de
acogida de Cáritas. El tiempo medio de respuesta para los servicios
públicos es de 65 días; de 7 días en Cáritas.
Es tan evidente esa
labor que muchas personas poco o nada favorables a la Iglesia no tienen
inconveniente en marcar la X en su declaración de la renta. El año
pasado lo hicieron casi 7,5 millones de contribuyentes, unos 200.000 mas
que en 2010, pero aún son muchas las necesidades que cubrir. Está en tu
mano colaborar.
No resultaría complicado estimar la inversión realizada por el conjunto de los voluntarios de Cáritas, en relación a su tiempo y esfuerzo; además de sus recursos profesionales, económicos y sociales. Estos datos ayudarían a muchas personas a comprender mejor, el incalculable valor del amor de Dios.
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